Gobierno de Trump demanda a Texas para poner fin a programa para estudiantes sin estatus migratorio
La Ley Dream de Texas permite a los graduados de preparatoria indocumentados acceder a la matrícula estatal en colegios y universidades públicas
La ley de Texas ha sobrevivido a múltiples intentos de derogarla en las décadas transcurridas desde entonces. Crédito: Ben Curtis | AP
El Departamento de Justicia presentó la denuncia el miércoles ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas, para revocar la ley de Texas que permite a los residentes sin estatus legal pagar tarifas de matrícula estatales en universidades públicas.
Se trata de la última medida del presidente Donald Trump para reestructurar la educación superior y la inmigración, impulsando una agresiva agenda de “Estados Unidos Primero”.
El recurso, presentado en el distrito norte de Texas, alega que el estado está rompiendo la ley al “discriminar de manera inconstitucional” a los ciudadanos estadounidenses, entregando “beneficios” a jóvenes “extranjeros”.
El programa, establecido en 2001 con la aprobación de una ley conocida como Texas Dream Act, permite que ciertos jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses – pero que viven en Texas y se graduaron de secundaria en el estado- puedan pagar la misma matrícula universitaria reducida que los residentes legales.
Normalmente, los estudiantes procedentes de otros estados deben pagar una matrícula mucho más alta, pero esta ley da a los jóvenes sin estatus migratorio la oportunidad de acceder a la educación superior más accesible. A su vez, les permite solicitar ayuda financiera.
Para calificar a esta ley, los estudiantes deben haber vivido en Texas durante al menos tres años, haberse graduado de una preparatoria texana o haber obtenido un GED (General Educational Development), y haber firmado una declaración jurada declarando su intención de solicitar la residencia legal.
Defensores del programa aseguran que ha sido esencial para permitir a miles de jóvenes tener a educación superior a un precio asequible y contribuir a la “economía estatal”, según detalla un informe de la organización American Immigration Council.
En 2022, más de 57,000 estudiantes indocumentados estaban registrados en la red de universidades públicas de Texas, un 8 % del total de 666.000 alumnos, de acuerdo con datos del gobierno estatal y de la ONG Presidents Alliance.
En un comunicado anunciando la demanda, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, argumentó que Texas está dándole a los estudiantes sin un estatus legal beneficios que no ofrece a los ciudadanos.
“El Departamento de Justicia luchará incansablemente para hacer valer la ley federal y asegurar que los ciudadanos estadounidenses no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país”, indicó la fiscal.
Los ciudadanos estadounidenses residentes en Texas tienen a las matrículas rebajadas si demuestran haber vivido en el estado por un año y haberse graduado en una escuela secundaria del estado.
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