Juez acusa al Gobierno de Trump de estar “creando caos” con expulsiones de migrantes

El juez federal de distrito Brian Murphy declaró que las deportaciones apresuradas constituyeron una flagrante violación de las órdenes que él mismo emitió semanas atrás, las cuales exigían al gobierno proporcionar un aviso “significativo” antes de deportar a personas a países donde podrían enfrentar tortura o la muerte.

De ahí que el juez federal en Massachusetts acusó al Gobierno de Donald Trump de estar “creando caos” con el envío de un grupo de migrantes al este de África, violando una orden que les impedía expulsar a las personas a países donde pueden ser torturados.

El magistrado Brian Murphy negó un recurso presentado por los abogados de la istración republicana para reconsiderar el caso y pausar una orden en donde les instruye a evaluar los casos de los migrantes, aunque estén por fuera del territorio estadounidense.

En un documento emitido el lunes en la noche, Murphy acusó al Gobierno de tergiversar las instrucciones del tribunal y de estar “creando el mismo caos que critican”.

“El tribunal sigue esperando que la razón prevalezca sobre la retórica”, escribió Murphy en su contundente orden, rechazando la exigencia de la istración Trump de que reconsiderara o retrasara el efecto de su fallo. “Las órdenes dictadas son sensatas y conservadoras”.

Esta es la última andanada de Murphy después de que el presidente Donald Trump y sus principales aliados intentaran convertir al juez en un símbolo de su campaña de hostilidad hacia los jueces que fallan en contra de sus prioridades migratorias.

 Trump ha atacado directamente a Murphy en redes sociales, mientras que su asesor principal, Stephen Miller, lo ha ridiculizado, calificándolo de “juez local” de Boston, y ha afirmado que Murphy está poniendo en riesgo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al obligarlos a convivir a tiempo completo con los detenidos que se dirigen a Sudán del Sur.

La semana pasada, el Gobierno envió a ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, en un vuelo con destino a Sudán del Sur, según denunciaron los abogados de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.

En una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a confirmar el paradero de los migrantes, pero posteriormente funcionarios del Gobierno informaron al juez Murphy que el vuelo aterrizó en Yibuti.

Los expulsados tienen antecedentes penales en EE.UU., por delitos que van desde homicidio hasta posesión ilegal de un arma de fuego, y permanecen en custodia de las autoridades estadounidenses, según informó DHS.

El juez Murphy ordenó al Gobierno que se les realizara entrevistas de miedo creíble a estos migrantes en el exterior, para determinar si pueden recibir una protección conocida como la Convención contra la Tortura, que evita sean enviados a un país donde pueden ser sujetos a abusos.

El caso en Massachusetts es el más reciente choque entre el Gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”.

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