Quiénes son los dos cubanos y el mexicano que EE.UU. deportó a Sudán del Sur y por qué terminaron en la nación africana
Los 3 latinoamericanos forman parte de un grupo de ocho migrantes indocumentados que fueron deportados esta semana al país africano
(De izquierda a derecha) José Manuel Rodríguez Quiñones, Enrique Arias Hierro y Jesús Muñoz Gutiérrez. Crédito: @DHSgov | Cortesía
Tres latinoamericanos forman parte del grupo de ocho migrantes deportados el martes por el gobierno de Donald Trump desde Texas hasta Sudán del Sur, en África.
Según el director interino del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, los detenidos fueron expulsados a otro continente porque los gobiernos de sus respectivos países en el pasado se han negado a recibirlos.
“He lidiado con estos países recalcitrantes por años, teniendo que ver a homicidas y agresores sexuales, criminales violentos, ser liberados nuevamente en Estados Unidos porque sus países no los aceptarían”, argumentó Lyons.
Los migrantes latinoamericanos deportados son dos ciudadanos cubanos identificados como José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro, y un ciudadano mexicano, identificado por el gobierno como Jesús Muñoz Gutiérrez.
La Casa Blanca informó en su cuenta de X, que Rodríguez Quiñones fue arrestado el 30 de abril por agentes de ICE y que tenía una condena por intento de asesinato, agresión, hurto y tráfico de cocaína.
Arias Hierro, detenido por los agentes migratorios en el estado de Florida el 2 de mayo, había sido condenado por homicidio, robo armado, secuestro, robo a mano armada, allanamiento de morada, y suplantación de identidad de un funcionario público, señaló el gobierno.
El ciudadano mexicano Muñoz Gutiérrez, agregaron las autoridades, arrestado el 12 de mayo, había sido sentenciado a prisión de por vida por asesinato en segundo grado.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que también formaban parte del grupo migrantes condenados por delitos graves provenientes de Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur.
En los últimos meses el gobierno de Trump ha llegado a acuerdos con “terceros países”, como Panamá, Costa Rica, y El Salvador, para que reciban vuelos de migrantes deportados de otras nacionalidades.
Esta es la primera vez que se conoce públicamente una deportación a Sudán del Sur.
A principios de este mes, Ruanda confirmó que mantenía conversaciones con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, mientras que países como Benín, Angola, Guinea Ecuatorial, Suazilandia y Moldavia han sido mencionados en informes de prensa como potenciales países receptores de personas expulsadas, algo que no ha sido confirmado por el gobierno estadounidense.
Sudán del Sur ha sido escenario de repetidas olas de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011.
Hace pocas semanas, el principal representante de Naciones Unidas en el país advirtió que los enfrentamientos entre facciones rivales amenazan con el regreso de una guerra civil a gran escala.
El pulso entre el gobierno y los tribunales
La deportación de los migrantes a Sudán del Sur enfrentó nuevamente al gobierno de Trump con las cortes estadounidenses.
El miércoles el juez federal de Massachusetts, Brian E. Murphy, aseguró que con esta deportación se violó una orden previa emitida el mes pasado por él, en la que prohibía la expulsión de inmigrantes a terceros países sin que antes pudieran objetar su expulsión o argumentar por qué sus vidas podrían estar en peligro.
La opinión del juez se conoció durante una audiencia en la corte del distrito de Boston, en la que se consideraba un recurso de emergencia presentado por abogados de las personas deportadas al país africano.
A mediados de abril, Murphy había dictaminado que las personas con órdenes de deportación debían tener “una oportunidad significativa” para explicar por qué esa medida podría exponerlos a un peligro inminente que justificara su protección.
En este caso, Murphy aseguró que se les dio poco menos de 24 horas para defenderse antes de que ocurriera la deportación.
La subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, calificó la decisión del juez como “absolutamente absurda”, argumentando que busca interferir en la política exterior y de seguridad nacional del país.
En relación a los individuos deportados, McLaughlin aseguró que “ningún país del mundo quería aceptarlos debido a sus crímenes tan singularmente monstruosos y bárbaros”.
Ni el gobierno mexicano ni el cubano se han referido públicamente al tema.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
