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Corte Suprema cuestiona argumento del gobierno de Trump para cancelar ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados

Los jueces se mostraron escépticos sobre los argumentos legales de la istración Trump sobre bloquear la ciudadanía a hijos de indocumentados

 de la organización CASA frente a la Corte Suprema.

de la organización CASA frente a la Corte Suprema. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Los jueces de la Corte Suprema enfocaron cuestionamientos al gobierno del presidente Donald Trump sobre su desafío a decisiones previas de ese tribunal y otras cortes sobre la ciudadanía por nacimiento establecida en la Enmieda 14 de la Constitución.

Los jueces también cuestionaron al Procurador General, John Sauer –exabogado personal de Trump–, sobre el respeto a las decisiones de los tribunales cuando hay desafíos a órdenes ejecutivas, incluso sobre el argumento de la istración Trump de que las determinaciones de tribunales no pueden deben afectar las decisiones de un presidente.

El argumento central de Sauer fue que la ciudadanía por nacimiento establecida en la Enmienda 14 y confirmada por la Corte Suprema en otros casos se refiere a los hijos de esclavos, no a los hijos de indocumentados.

“Con todo respeto, creo que lo que tenemos son tribunales inferiores que emiten juicios precipitados sobre el fondo del asunto, ignorando el principio fundamental de la Decimocuarta Enmienda: que se trataba de otorgar la ciudadanía a los hijos de esclavos, no a los hijos de inmigrantes ilegales”, expuso Sauer.

Los jueces consolidaran la decisión de tres de las demandas presentadas contra la orden ejecutiva del presidente Trump firmada el 20 de enero.

En la audiencia también escucharon las posiciones del Procurador General de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, quien representó a los gobiernos estatales y locales, y de la abogada Kelsi Corkran representó a personas que se sumaron a título persona a la demanda.

Uno de los cuestionamientos que el abogado de la istración Trump enfrentó fue sobre la obligación del presidente de obedecer la ley, ya que no es un rey.

“El hecho de que los tribunales ingleses […] no pudieran ordenar al rey, creo, no es análogo ni indicativo de lo que los tribunales pueden hacer en nuestro sistema [judicial], donde el rey, entre comillas, el Ejecutivo, se supone que está sujeto a la ley, y el tribunal tiene la facultad de dictar cuál es la ley. Por lo tanto, uno pensaría que el tribunal podría dictaminar que esta conducta es ilegal y que hay que detenerla”, dijo la jueza Ketanji Brown Jackson.

La jueza Amy Coney Barret incluso cuestionó al procurador Sauer sobre el respeto a las decisiones de un tribunal.

“¿Dice que respetaría la sentencia, pero no necesariamente la opinión de un tribunal inferior?”, lanzó la jueza.

“Repito, y creo que en la gran mayoría de los casos, nuestra práctica ha sido respetar también la opinión, incluso en los circuitos, pero entiendo que no ha sido una práctica categórica como el respeto a la jurisprudencia y las sentencias de la Corte Suprema”, intentó justificar el procurador.

¿Inclinación a favor de los inmigrantes?

Una parte central de los argumentos son las decisiones de los jueces y su impacto a nivel nacional, al respecto la mayoría de los de la Corte Suprema parecen inclinados a votar en contra de ese tipo de decisiones, conocidas como universales.

Al mismo tiempo, los jueces parecen inclinarse a detener la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, enfatizó que podrían revisar los fundamentos de la orden ejecutiva de Trump “con celeridad”.

Sin embargo, los mandatos de cortes menores deberían ser analizados por separado, por lo que el juez Brett Kavanaugh sugirió separar las decisiones en este caso, incluida la posibilidad de que los demandantes presenten una demanda colectiva.

La jueza Jackson refutó la idea del juez Kavanaugh, al considerar que las órdenes de tribunales a nivel nacional tienen un efecto “conceptualmente diferente” que las demandas colectivas, ya que éstas benefician a quienes forman parte de la demanda, mientras las primeras exigen al gobierno dejar de cometer un acto ilegal.

La istración Trump fue cuestionada sobre cómo implementarían la orden ejecutiva sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

“Ya lo veremos”, dijo el procurador.

Feigenbaum y Corkran centraron sus argumentos en la importancia de mantener la ciudadanía por nacimiento, pero Cokran también consideró importante que la Corte Suprema “oriente” a cortes inferiores sobre sus decisiones y cómo impactan a las personas.

“Si se va a emitir un mandato judicial que impacte a otras personas, se necesita realizar una evaluación rigurosa del interés público”, consideró.

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