Expandir combustibles fósiles aumentará los precios y eliminará empleos

Desde el inicio del nuevo gobierno se ha apostado por una expansión agresiva de los combustibles fósiles, frenando el desarrollo de energías limpias e industrias no contaminantes. De acuerdo con expertos, esta agenda no sólo representa un retroceso ambiental, sino que amenaza con incrementar los costos para los consumidores, eliminar miles de empleos y perjudicar especialmente a comunidades latinas.

Al inicio de su gobierno, Trump declaró una emergencia nacional en materia energética como parte de una avalancha de órdenes ejecutivas. Así definió “que la producción, transporte, refinación y generación de energía insuficientes en Estados Unidos constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la economía, la seguridad nacional y la política exterior del país”.

Al definir qué constituye “energía”, la declaración de emergencia excluyó dos fuentes renovables claves: la energía eólica y la solar, responsables, en conjunto, de más del 14% de la generación eléctrica del país.

La declaración exige al gobierno federal facilitar la construcción de proyectos de petróleo y gas y también ordena detener temporalmente nuevos proyectos de energía eólica en tierras y aguas federales.

El 8 de abril pasado, el gobierno dio un paso más al emitir una serie de órdenes ejecutivas orientadas a revitalizar la producción de carbón, desmantelando regulaciones ambientales claves. Estas medidas incluyen detener el desarrollo de proyectos de energía eólica marina, y utilizar la Ley de Producción de Defensa de 1950 para salvar plantas de carbón en vías de cierre. Además, solicitó al fiscal general identificar leyes climáticas estatales que obstaculicen el desarrollo del carbón y buscar su eliminación.

Para Jessica Ordóñez-Lancet, directora senior de Campañas de Energía y Medio Ambiente del Center for American Progress, esta decisión va en contra de la lógica económica y de salud pública. “La producción de carbón lleva décadas en declive por una razón simple: es el combustible fósil que más contamina, y hoy existen tecnologías energéticas más limpias y económicas. De hecho, operar más del 99% de las plantas de carbón es más caro que construir nuevas instalaciones de energía solar o eólica”, afirmó.

Ordóñez-Lancet subrayó que el retorno a una dependencia del carbón no responde a las necesidades de los consumidores, sino a los intereses privados de unos pocos millonarios. “Esta contaminación está directamente relacionada con enfermedades como el asma y el cáncer. No se trata sólo del medio ambiente, sino de nuestra salud y nuestra economía familiar.”

El impacto desproporcionado en comunidades latinas y negras también ha sido documentado por organizaciones ambientales. Las zonas que recibieron las peores calificaciones bajo el sistema de “redlining” –una política federal históricamente discriminatoria– concentran casi el doble de pozos petroleros en comparación con comunidades mayoritariamente blancas.

El experto en opinión pública Matt Barreto, cofundador de BSP Research, explicó que las decisiones de la istración Trump no cuentan con amplio respaldo, incluso entre sus propios votantes latinos. “En nuestra más reciente encuesta, el 90% de los latinos considera que expandir la inversión en energía limpia generará más empleos en Estados Unidos. Incluso entre los latinos que votaron por Trump, hay consenso en que debemos apostar por energías limpias”.

Barreto destacó que la transición energética es vista por los latinos como una nueva frontera de oportunidades laborales, con tres beneficios clave: más empleos, menos contaminación y facturas más bajas en electricidad y climatización. “Pero la mentalidad de la istración Trump es retroceder. Apostar al carbón, petróleo y gas no es liderazgo, es estancamiento”, sentenció.

Además de las órdenes ejecutivas, recientemente el Departamento de Energía canceló dos subvenciones claves a proyectos de eficiencia energética y movilidad eléctrica, afectando directamente a comunidades de bajos ingresos en Massachusetts y California. Una de ellas, de más de 5 millones de dólares, buscaba modernizar edificios multifamiliares para reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes. La otra, de 1,5 millones, apoyaba modelos de movilidad compartida con vehículos eléctricos. Ambas forman parte de una lista mucho mayor: cerca de 300 proyectos de energía limpia están ahora bajo revisión y en riesgo de ser cancelados.

Este no es un capítulo cerrado, sino una ofensiva en curso contra el futuro energético del país. Desde declarar una emergencia nacional para acelerar la extracción de combustibles fósiles, hasta frenar proyectos eólicos y desmantelar inversiones en tecnología limpia, el patrón es claro: priorizar el petróleo y el gas por encima de todo.