Gobierno de Trump no cumple con otorgar fondos para asistencia legal a niños inmigrantes

El gobierno de Donald Trump no ha cumplido con una orden judicial federal que le ordena continuar financiando la representación legal de niños inmigrantes no acompañados, según alegan los abogados que presentaron el caso.

Varios grupos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 28 de marzo después de que el gobierno federal se negara a renovar un contrato que financia a los abogados que ayudan a menores migrantes que llegaron solos a Estados Unidos o que fueron separados de sus padres a completar el proceso de inmigración.

El recorte de fondos obligó a muchos grupos de abogados de inmigración a despedir a trabajadores, retirarse de los casos y buscar a toda prisa otra ayuda legal para los menores en los procedimientos judiciales de inmigración.

Según un documento judicial presentado por el Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes y citado por NBC News, “la interrupción repentina y abrupta de los servicios, sin previo aviso ni notificación a los niños, sus abogados, defensores de menores, jueces de inmigración y personal judicial, generó caos y confusión en los tribunales de inmigración”.

En las dos semanas transcurridas desde que se suspendió la financiación para la representación legal, los defensores del Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes vieron a niños de tan solo 5 años sentados en mesas solos frente a los jueces, según el documento.

También vieron a una niña de 14 años estallar en lágrimas en el vestíbulo de un tribunal al enterarse de que tenía que comparecer sola sin abogado.

Los jueces se enteraron por primera vez de que los niños no tendrían abogados cuando llegaron a la corte en los días posteriores a la interrupción, según el centro.

El centro es un grupo independiente de defensores de menores designado por la Oficina de Reubicación de Refugiados, perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que rescindió el contrato.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguin, con sede en el Distrito Norte de California, había otorgado una orden de restricción temporal el 1 de abril. Esta orden debería haber mantenido el flujo de fondos federales hacia los grupos mientras continuaban los procedimientos legales.

Desde que se emitió la orden, los abogados de la istración Trump presentaron una moción para disolverla, solicitaron una audiencia rápida sobre la moción, presentaron una moción para que la jueza se retire del caso, apelaron la orden judicial y renovaron su moción de disolución, según declararon los abogados de los grupos que demandaron al DHS en un documento judicial.

“Lo que los demandados no han hecho es cumplir de ninguna manera con la orden de restricción temporal”, escribieron los abogados de los grupos en un documento judicial, refiriéndose a la orden de la jueza.

La demanda había sido presentada por el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y el Centro de Acción por la Justicia.

“Ningún niño debería tener que afrontar solo procedimientos migratorios complejos”, afirmó el centro.

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